El impacto del comercio internacional en las crecientes emisiones de carbono

El problema ambiental que provocan las crecientes emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero empezó a ocupar por suerte en las últimas décadas un espacio en la conciencia social. El informe “Turn Down the Heat” (2012) del Banco Mundial advirtió que el mundo podría alcanzar un calentamiento de 4° en este siglo y que esto podría ser devastador.

En 2015, 170 países firmaron el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global, pero a la fecha unas pocas ciudades de Europa y Estados Unidos han reducido sus emisiones.

Los países más desarrollados suelen ser más propensos a adoptar políticas de mayor calidad medioambiental que los menos desarrollados. Una forma de ver el grado de desarrollo de un país es la renta per cápita. China, por ejemplo, es una potencia económica pero no es un país desarrollado por su baja renta per cápita. Es así que, favorecido por la globalización, con una economía liderada por las exportaciones, 23 de las 25 ciudades más contaminantes del mundo se encuentran allí.

La COP26 es una conferencia internacional de la ONU que busca acelerar la acción climática para lograr el cumplimiento del Acuerdo de París. A fines de 2021 se reunió en Escocia con un acuerdo histórico que pretende limitar el calentamiento global a 1.5% para el año 2050. Si bien esto sería importantísimo, países como China e India mantuvieron la postura de extender ese plazo hasta que sus economías lo permitan.

Ninguna sorpresa, según el aporte de los economistas de Princeton Gene Grossman y Alan Krueger, que hablan de la Curva Medioambiental de Kuznets. Gene y Alan explican que, a medida que la riqueza per cápita de un país aumenta, va evolucionando hacia una menor contaminación. La mencionada curva tiene forma de “u” invertida (el perjuicio medioambiental sube mientras se eleva la riqueza per cápita pero luego de un tiempo empieza a descender). Así, en los países desarrollados se deben instalar convertidores catalíticos en los automóviles y existen programas de licencias de gobierno que limitan el dióxido de azufre que pueden emitir las centrales eléctricas, pero no sucede de igual forma en los países emergentes.

Podríamos preguntarnos qué aporte podría hacerse desde el comercio internacional. Y como antecedente tenemos la ley del sistema de tope y truque (cape and trade system) que se frustró en Estados Unidos en 2009. Consistía en la emisión de un número limitado de licencias de contaminación, que las empresas debían comprar para cubrir sus emisiones. Una cláusula de esa ley, además, imponía aranceles sobre el carbono a los países que no aprobaran medidas análogas. Por supuesto que se trata de una ley polémica que no aplicada en el mismo plano a productores nacionales y extranjeros serviría al proteccionismo. Si bien aún es un caso hipotético la OMC no tiene una postura clara al respecto.

Fuente: La Nación